Hablemos de delincuencia

La reciente noticia de la violación de una menor en Tarragona ha vuelto a levantar las alarmas. Un hombre recién salido de la cárcel por otro caso de violación, e inimigrante ilegal para más inri, es el responsable de destrozarle la vida a una pobre muchachita cuyo único delito fue querer echar un polvete en una playa desierta de la costa daurada.

No necesito leer los periódicos para saber lo que dirán: “más reinserción” los de izquierdas, “penas más duras” los de derechas. Un único culpable, el violador, y siempre el culpable indirecto del estado o, mejor dicho, del partido político que gobierna, y entre cuyas tareas consta la de comerse la responsabilidad de todas las tragedias que la sociedad no puede asumir como propias de la condición humana.

El debate girará entorno a la rehabilitación de los presos, las diversas medidas que tomar para “castrar” a los violadores y, cómo no, el mal que provocan los inmigrantes en este país en el que la democracia es una tradición milenaria, y el respeto a la mujer poco más que una religión. Culpables del hecho serán los policías que hicieron caso omiso de las evidentísimas ganas que tenía el morito de jincarse a otra hembra en cuanto saliera de la cárcel. Culpables los defensores de la reinserción, y culpables los padres que permiten tales actos de promiscuidad entre sus hijos, que a esa edad es bien sabido que deberían estar en casa los chicos, y en un convento las chicas.

Sin embargo dudo mucho que oiga, vea o lea a nadie señalar con dedo acusador a un grupo de individuos cuya responsabilidad en lo sucedido, si no directa, sí es gravemente palpable. Me refiero a toda esa chusma que se dedica a defraudar con sus impuestos. A esos puercos que cobran 1 millón de euros al año y la renta les sale a devolver, que consideran urgente la renovación del Mercedes, y un robo el dinero que hacienda les sustrae anualmente.

Si toda esta escoria social, estas sabandijas miserables pagasen religiosamente sus impuestos, los funcionarios de prisiones tendrían el personal suficiente, y suficientemente bien pagado, para cumplir con sus tareas con diligencia. Se podría hacer un seguimiento de los presos en libertad condicional porque habrían agentes para tal comentido, y tendríamos agentes de la ley patrullando por las calles con mayor regularidad, evitando el tránsito libre y la acción indiscriminada de violadores y otra gentuza de la misma calaña.

Y llamo a los defraudadores escoria porque es responsabilidad suya que el estado no tenga los recursos suficientes para realizar sus tareas correctamente. Cada año los diferentes gobiernos hacen públicas sus cuentas, y en ellas podemos ver cómo, con mayor o menor eficacia, el dinero que damos a hacienda es invertido en bienes públicos necesarios. Mientras tanto, los defraudadores hacen malabarismos para ocultar sus propios números. Se vuelven locos cuando se les pide una factura, y claman al cielo si oyen hablar de “transparencia”. Es a ésta gente a la primera que debemos señalar con el dedo cuando busquemos responsables de esta violación, así como de docenas de injusticias que se cometen a diario mientras un seboso encorbatado se ríe en el Bulli explicando cómo la factura de la cena le servirá para desgravar 2000 euros en la próxima declaración.